Como nos protege la ley cuando suplantan nuestra identidad en Internet Featured

Hemos conocido la resolución de la AGPD por la que sanciona con 2000 euros la suplantación de identidad en la red social Badoo. Hemos conocido la resolución de la AGPD por la que sanciona con 2000 euros la suplantación de identidad en la red social Badoo. Suplantar la identidad de otra persona, un ataque al derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen de la víctima.

Hemos conocido la resolución de la AGPD por la que sanciona con 2000 euros la suplantación de identidad en la red social Badoo. Como suele ocurrir en estos casos, hay un trasfondo amoroso-sentimental de antiguas y nuevas parejas que hacen de Internet la versión evolucionada de la tradicional vendetta del despecho y del desquite pasional. En la misma línea que en supuestos anteriores, la suplantación de la identidad de la víctima no se hace por otra mejor parecida, sino por la de una personalidad de vida licenciosa y casquivana.

La novedad no reside en el hecho en sí de la suplantación, riesgo conocido por todos y con precedentes en nuestro país. Sea  por motivaciones como las expuestas, sea por afán de perjudicar a personajes conocidos (Lucía Etxevarría, Mariano Rajoy, Alejandro Sanz), o sea por ánimo de parodiar (Infanta Elena, Rey Juan Carlos I), lo cierto es que los casos son numerosos entre famosos y anónimos.

Lo novedoso es que sea la Agencia de Protección de Datos,  ente público independiente de naturaleza administrativa, quien se declare competente para conocer y tramitar el expediente sancionador. Lo hace alegando que la conducta de la acusada se contemplaba en la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuyo artículo 6.1, exige expresamente que el tratamiento de los datos de carácter personal requiere el “consentimiento inequívoco” del afectado

En la mayoría de los casos, suplantar la identidad de otra persona va más allá de la mera utilización de sus datos personales para constituir un ataque al derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen de la víctima. ¿Podría entonces, como alegó la defensa de la sancionada, encuadrarse en la vía penal? ¿Es delito suplantar la identidad de otro?

Nuestro Código Penal establece en su artículo 401 que “El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.” Puede que sorprenda la mención a estado civil y no a identidad, pero aquí debemos indicar que el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de mayo de 1986 indica que “usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad, aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera”.

Siendo así, esta misma sentencia entiende que «usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera». Acudiendo a la concepción dominante y a lo declarado por la jurisprudencia,  no basta una suplantación momentánea y parcial, sino que es preciso continuidad y persistencia, y asunción de la total personalidad ajena con ejercicio de sus derechos y acciones dentro de su «status» familiar y social.

Además, debe considerarse que acceder a una cuenta ajena puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículos 197 y ss. del Código Penal). Una vez el individuo ha accedido al perfil o a la cuenta del otro si se hace pasar por el verdadero titular de la misma estará cometiendo un delito de usurpación de estado civil (401 del Código Penal).

Quedan por tanto excluidos del ámbito penal aquellos supuestos en que  se crea un perfil inventado o con datos falsos. El hecho de inventarse datos falsos para participar en una red social no es constitutivo del delito de usurpación de estado civil.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a la víctima al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. El carácter delictivo de la acción no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de la citada norma.

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